Ante la grave crisis social consecuencia del confinamiento por la COVID-19, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido establecer la ‘ayuda de emergencia exprés’, un procedimiento cuyo objetivo es que las ayudas sociales lleguen a quienes las soliciten con la mayor agilidad y en el menor tiempo posible.
La instrucción, dirigida a los 21 distritos de la ciudad, pretende agilizar las ayudas que hasta ahora tardaban varios meses en concederse, para que puedan llegar a los solicitantes en cuestión de pocos días. El objetivo es reducir al mínimo los trámites burocráticos para atender lo antes posible la creciente demanda de ayudas municipales.
También será posible, en virtud de lo dispuesto en la instrucción, que el solicitante que necesite una ayuda recurrente pueda recibirla durante un plazo determinado con una sola solicitud sin necesidad de renovarla en cada ocasión.
Asimismo, se permite que los solicitantes puedan justificar la necesidad de la ayuda después de haberla recibido, de modo que los trámites no supongan un retraso en la percepción de la cantidad determinada, que podrá ser de hasta 300 euros.
Esta iniciativa llega poco después de que el Grupo Municipal Socialista hiciera una petición en la misma línea a través de la concejala Maite Pacheco. El delegado Aniorte ha agradecido su implicación constructiva y ha celebrado “el buen clima que existe entre equipo de Gobierno y oposición y las valiosas aportaciones del PSOE”.
En el último mes, los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid han recibido más de 33.000 peticiones de ayuda para adquirir alimentos, aproximadamente las mismas que en todo 2019. En un diagnóstico preliminar, el Ayuntamiento ha estimado que esta crisis puede provocar que hasta 94.000 hogares madrileños tengan problemas para adquirir productos de primera necesidad.
Ante estas circunstancias, el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social anunció ya la puesta en marcha de un plan de choque del cual forma parte la ‘ayuda de emergencia exprés’ que hoy se ha anunciado, además de otras medidas destinadas a los colectivos más vulnerables, entre los que se consideran como prioritarios las familias, las personas mayores y las mujeres.