El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil -lo que antes se conocía como zona catastrófica- para los territorios afectados por el temporal de nieve ‘Filomena‘.
Esta medida llega después de que lo solicitaran varias regiones, como la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha, para hacer frente a las numerosas consecuencias del temporal de nieve.
Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que «todas las ayudas son pocas, son necesarias». «Vamos a ver en qué consiste esa declaración de zona catastrófica y a qué municipios afecta… Vamos a conocer el detalle y, a partir de ahí, haremos una valoración. Si ya veníamos tocados por la crisis relacionada por el Covid, a nivel económico, esta borrasca ha terminado por suponer la ruina para miles de negocios, explotaciones ganaderas y agrícolas y establecimientos que se han visto afectados», ha apuntado.
Ya se han empezado a evaluar los daños
Una vez declarada zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, el Gobierno podrá establecer ayudas económicas a particulares, a corporaciones locales, ayudas a empresas y a explotaciones ganaderas y agrícolas o subvenciones por daños en infraestructuras, además de medidas de ayuda fiscales, laborales y de la seguridad social.
En este contexto, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska ha confesado que ya se han empezado a evaluar los daños, algo que no puede terminar mientras no concluya la emergencia climatológica, pero ha garantizado que «ningún perjudicado va a dejar de ver satisfecho el daño que haya podido o pueda sufrir».
«Estamos evaluando, se aplicará la normativa, pero para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y reparar los daños causados en una circunstancia de emergencia climatológica», ha apostillado.
Finalmente, ha dicho que todos los dispositivos siguen activos para responder al temporal y proteger al conjunto de la población, asegurar la vuelta a la normalidad de los servicios públicos esenciales y para evaluar y compensar todos los daños sufridos.
