El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha dado un paso relevante en su política de vivienda al aprobar, en el pleno municipal del pasado 20 de marzo, la concesión de un derecho de superficie sobre una parcela en El Encinar. El objetivo: construir y gestionar 460 viviendas de protección pública destinadas al alquiler.
La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para aumentar la oferta residencial y aliviar la presión sobre los precios, en un mercado especialmente tensionado para jóvenes y familias.
Alta competencia prevista en la licitación
En las próximas semanas se publicarán los pliegos que regirán el proceso de licitación, al que podrán concurrir empresas y fondos especializados. Fuentes municipales anticipan una elevada competencia entre operadores, impulsada por la creciente demanda de este tipo de activos.
El modelo permitirá a un adjudicatario privado construir y explotar las viviendas durante un largo periodo, manteniendo la titularidad pública del suelo, una fórmula que acelera la promoción sin perder control institucional.
Más vivienda en marcha: venta, alquiler y Plan Vive
Este proyecto se suma a otras actuaciones en desarrollo. El Ayuntamiento está finalizando la entrega de 158 viviendas en venta en Valenoso, mientras que la Comunidad de Madrid impulsa 524 viviendas del Plan Vive sobre suelos municipales.
Con la promoción de El Encinar, el alquiler asequible se consolida como pieza clave de la política de vivienda local.
En total, durante el mandato del alcalde Javier Úbeda, se habrán impulsado 1.142 viviendas públicas, lo que supone cerca de un 6% adicional del parque residencial del municipio.
Vivienda protegida con precios regulados
Las viviendas estarán sujetas al régimen de Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), lo que implica alquileres no libres.
En concreto:
- El precio estará vinculado a módulos oficiales y a la superficie.
- Se situará por debajo del mercado libre.
- Permanecerá limitado durante toda la vigencia del régimen de protección.
El modelo busca ofrecer una alternativa intermedia y asequible frente a los elevados precios actuales.
Ingresos para las arcas municipales
El esquema de concesión permitirá también generar ingresos directos para el Ayuntamiento. El adjudicatario deberá abonar:
- Un canon inicial de unos 2,23 millones de euros.
- Un canon anual cercano a 377.000 euros, a partir del cuarto año.
Ambas cifras son mínimos de licitación, por lo que podrían incrementarse. Este sistema combina impulso a la vivienda con sostenibilidad financiera municipal.
Preferencia para vecinos y trabajadores locales
El sistema de adjudicación priorizará a quienes tengan mayor vinculación con Boadilla. Tendrán preferencia:
- Empadronados 10 años en los últimos 15.
- Empadronados al menos 3 años en la última década.
- Trabajadores en el municipio con criterios similares de antigüedad.
El objetivo es que el nuevo parque público beneficie principalmente a vecinos y personas con arraigo real.
Plazos: ejecución a medio plazo
El desarrollo se realizará en varias fases —licitación, adjudicación, proyectos y construcción—, por lo que la puesta en servicio no será inmediata. Las previsiones apuntan a al menos 30 meses hasta su finalización.
Mejoras en transporte y accesos viarios
La iniciativa coincide con un plan de mejora del transporte público impulsado por el Consorcio Regional de Transportes, que prevé nuevas líneas, más frecuencias y mejores conexiones con Madrid.
Además, el Ayuntamiento reclama al Ministerio de Transportes:
- Un tercer carril en la M-50.
- Nuevos accesos desde Los Fresnos.
- Una salida directa desde la M-516 a la M-50.
Estas actuaciones son clave para absorber el crecimiento residencial previsto.
Un municipio ‘prime’ bajo presión inmobiliaria
Boadilla del Monte es uno de los municipios con mayor renta per cápita de España, pero no escapa a la tensión del mercado inmobiliario.
La falta de oferta y el incremento de precios han dificultado el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias que quieren establecerse en la zona.
Movilización de suelo público como estrategia
Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su política de movilización de suelo público mediante colaboración público-privada.
El objetivo es claro: aumentar la oferta, facilitar el acceso a la vivienda y equilibrar el mercado local en un contexto de alta demanda.
