La Comunidad de Madrid contratará servicios legales externos para combatir la ocupación ilegal de hogares de la Agencia de Vivienda Social (AVS), así como para hacer frente a la morosidad de aquellos inquilinos que no abonan sus cuotas.
Así pues, con carácter excepcional, se van a reforzar la «representación legal y de defensa de los intereses de la AVS» con un servicio que cuenta con informe favorable de la Abogacía General, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.
«La AVS tiene, entre otras funciones, la gestión y administración de su patrimonio, así como las labores de inspección, control de uso y vigilancia del mismo. En cumplimiento de dichas tareas se ve obligada en ocasiones a iniciar acciones judiciales especialmente en varios tipos de litigios», han explicado.
En esta línea, el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha destacado que el objetivo es recuperar los cerca de 2.000 inmuebles públicos ocupados para «asignarlos a familias que lo necesitan», y al mismo tiempo «reducir la morosidad de aquellos inquilinos de la AVS que han decidido no solo no pagar sino ni siquiera acordar un plan de pagos».
«Esos inquilinos morosos ya adeudan casi 65 millones de euros, consideramos que ante la ocupación y la morosidad hay que restablecer la legalidad y que todo el mundo cumpla sus obligaciones. Por eso hemos reforzado estos equipos, para lograr esta recuperación de los inmuebles y los fondos públicos que se pueden destinar también a ayudas sociales o la propia política de vivienda», ha argumentado.
Más de 10.500 casos abiertos
La AVS mantiene abiertos un total de 2.154 casos por ocupaciones ilegales de inmuebles de su patrimonio que requieren el ejercicio de acciones legales para procedes a su recuperación. Como ha apuntado el consejero, estos hogares irían destinados a aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que hayan acreditado «una necesidad real».
A pesar de que la reclamación judicial es «la última de las medidas» adoptadas desde la agencia de vivienda para lograr disminuir la morosidad, actualmente se mantienen abiertas 8.398 acciones contra deudores, contra las que procedería el ejercicio de acciones legales en caso de no llegar a un acuerdo extrajudicial previo.
Por tanto, el número de expedientes judiciales que es necesario iniciar por parte de la AVS en los dos ámbitos alcanza un total de 10.552 litigios.
Finalmente, el Gobierno regional ha explicado que esta externalización de los procesos judiciales no se plantea como «una solución permanente», sino que el objetivo es «llevarla a cabo durante el tiempo que sea preciso para reducir significativamente la morosidad de los inquilinos y el número de ocupantes ilegales», algo que prevé en su articulado la Ley 3/1999, de 30 marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
Agencias
