El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que considerará como falta muy grave las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso sexual, lo que supondrá la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso académico.
La discriminación, la falsificación documental, el incumplimiento de las normas de salud pública, la suplantación a un miembro de la comunidad universitaria o impedir el correcto desarrollo de los procesos electorales de la universidad serán también consideradas faltas muy graves.
El documento volverá este miércoles al proceso de información pública, y tendrá que ser de nuevo aprobado por Consejo de Ministros en una segunda vuelta. Universidades espera remitir el texto definitivo a las Cortes Generales a finales de este verano.
Esta Ley de Convivencia Universitaria sustituye al Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, decreto firmado por Franco que data de 1954, siendo esta norma, por tanto, «anticonstitucional» y «anacrónica», dando lugar así a «problemas jurídicos», según Universidades.
Además, el Ministerio que dirige Manuel Castells asegura que dicho decreto tenía un claro «carácter punitivo» que incluía sanciones «desproporcionadas» y no recogía «garantías básicas de los derechos de los estudiantes ante las faltas y sanciones que se estipulaban».
Faltas graves y leves
Según la Ley, serán consideradas faltas graves acciones como apoderarse indebidamente del contenido de exámenes; deteriorar gravemente las obras que componen el patrimonio de la universidad; utilizar indebidamente contenidos de reproducción y grabación de las actividades universitarias sujetas a derechos de propiedad intelectual; incumplir las normas de seguridad y salud; acceder sin la debida autorización a los sistemas informáticos de la universidad; falsear los resultados de un examen o trabajo; e impedir la celebración de actividades universitarias.
Sobre esto último, Universidades aclara que cualquier escrache o boicot a un acto celebrado en la universidad será considerado falta grave, pero al entrar en juego la libertad de cátedra y de expresión, los casos se tendrán que valorar de manera individual, al igual que si se celebran actos para enaltecer el terrorismo, el antisemitismo o el franquismo, por ejemplo.
Para todas estas faltas graves, la sanción será la expulsión de hasta un mes de la universidad en la que se hubiera cometido la falta, no pudiéndose aplicar esta expulsión durante los periodos de evaluación y de matriculación, o bien se sancionará con la pérdida de derechos de matrícula durante un curso académico de la asignatura en la que se hubiera cometido el fraude académico.
Y serán faltas leves, acceder a instalaciones universitarias a las que no se tenga autorizado el acceso; actuar para copiar el contenido de exámenes a través de medios fraudulentos que no tengan la consideración de graves o muy graves; utilizar los servicios universitarios incumpliendo los requisitos establecidos de general conocimiento; y realizar actos que deterioren de forma no grave el patrimonio de la universidad, siendo la sanción una «amonestación privada».
Medidas sustitutivas
Sin embargo, en el caso de las sanciones por cometer faltas graves o leves, el órgano sancionador podrá proponer una «medida sustitutiva de carácter educativo o recuperador», como podrá ser la participación en actividades formativas, culturales, de salud pública, deportivas, de extensión universitaria y de relaciones institucionales u otras similares.
La Ley también recoge la prescripción de las faltas y las sanciones. Así, las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
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