La Comunidad de Madrid pretende aligerar la burocracia urbanística para facilitar la inversión en la región con la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración, conocida como la Ley Ómnibus.
Según ha explicado este jueves el viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, José María García Gómez, en una entrevista en Intereconomía, «esta ley incluirá medidas como la posibilidad de utilizar, por parte de los ayuntamientos, parcelas dotacionales vacantes para construir vivienda pública».
«Allí donde la naturaleza del desarrollo socioeconómico del municipio determine que no hace falta una escuela infantil porque ya no hay niños o, al contrario, un centro de mayores porque la población es muy joven, y ese suelo esté vacante en una zona consolidada, se podrá destinar a construir viviendas en alquiler asequible en colaboración público-privada. De esta manera podremos seguir dando respuesta a una necesidad que es la de acceso a la vivienda», ha explicado García.
En este sentido, la ley, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria «se someterá a votación en octubre y podría ser operativa a partir de noviembre«.
La reforma más ambiciosa de la Ley de Suelo
Por su parte, el pasado martes, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, en su visita a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), destacó que la aprobación de esta norma «supone la reforma más ambiciosa de la Ley de Suelo desde su promulgación hace 20 años».
También ha señalado que, tras escuchar las peticiones del sector, «el Gobierno regional ha cumplido su compromiso de garantizar un marco legal favorable al emprendimiento y el desarrollo de proyectos e inversiones, con un efecto palanca sobre toda nuestra economía».
«Los cambios legislativos se centran en aquellos aspectos que permitirán dar una respuesta pública más rápida a muchas de las necesidades que presenta la actividad promotora», asegura.
Además, el Ejecutivo autonómico impulsará la colaboración público-privada entre ayuntamientos en entidades colaboradoras urbanísticas que puedan gestionar las licencias y el control de las declaraciones responsables, actuación que atajará la dilatación de los plazos que puedan darse por acumulación de solicitudes en los servicios locales.
Finalmente, los consistorios de localidades con más de 15.000 habitantes también tendrán la posibilidad de, mediante un plan especial, aprobar correcciones de su planeamiento sin necesidad del visto bueno de la Comunidad de Madrid, «lo que supondrá una reducción de entre cuatro y seis meses en los plazos de tramitación», indica Paloma Martín.
la ley ómnibus
