La Fiscalía de la Comunidad Madrid ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de su postura a favor de las restricciones acordadas por el Gobierno central para el cierre perimetral de Madrid y de nueve municipios madrileños con más de 100.000 habitantes el fin de frenar la expansión del Coronavirus.
En un escrito remitido a la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala considera «procedente» la ratificación de las medidas que prevén actuaciones sanitarias coordinadas en salud pública.
El escrito se ha dado traslado en el marco de la deliberación del TSJM para decidir sobre si ratifica o no las restricciones, cuyo fallo se hará público previsiblemente este miércoles.
Un intenso riesgo para la salud
La Fiscalía apunta que el acuerdo del Pleno Consejo Interterritorial «no arroja ninguna duda acerca de que los indicadores tenidos en cuenta son reveladores de un intenso riesgo a la salud justificativo de su adecuación».
De hecho, subraya que la posibilidad de que la orden afecte al derecho fundamental a la libertad de circulación tiene una «menor» trascendencia porque atiende a un «amplio» catálogo de supuestos «en que se puede salir o entrar, por razones sanitarias, empresariales, educativas, laborales, profesionales, gestiones bancarias y administrativas, entre otras».
Además, dado que se contempla una cláusula de analogía con los casos expresamente previstos para desplazarse, en modo alguno se puede entender que se pueda entrar y salir «libremente» de Madrid y demás municipios de más de 100.000 habitantes afectados, «pero es necesario justificar ante las autoridades y agentes que se está en uno de los casos previstos o en otro semejante».
«Restricciones necesarias»
La Fiscalía tiene en cuenta, además, que las restricciones están avaladas por razones y criterios de carácter epidemiológico y sanitario y que, incluso, «reúnen la nota de imprescindibilidad o necesidad».
Se refiere, por ejemplo, a que el acuerdo alude a que en las últimas semanas se había detectado una situación de transmisión comunitaria en diversos territorios del Covid-19 y un aumento «significativo» de las tasas de hospitalización e ingresos en unidades de cuidados intensivos.
Asimismo refleja que el nivel de incidencia del Covid-19 en España en la última semana había superado los 250 casos por 100.000 habitantes «por encima de las tasas propuestas por la UE (60 casos por 100.000 habitantes)» y esta tasa de incidencia, aunque no es el único indicador, «sí puede considerarse como de alto riesgo de transmisión descontrolada en el territorio afectado».
Es más, añade que «se considera que la tasa de incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes permite establecer un umbral significativamente elevado a partir del cual puede calificarse la situación de extrema«.
