El consejero de Interior, Justicia y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha celebrado este lunes que el Ministerio de Sanidad busque ahora «consenso y actuaciones coordinadas de verdad» y «no impuestas», después de que la Audiencia Nacional haya aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional en el recurso presentado contra las nuevas medidas sanitarias aprobadas por el departamento de Carolina Darias.
En declaraciones a Onda Cero, López ha confirmado que la ministra «está llamando a los diferentes consejeros para hacer hoy lo que sugirió la Comunidad de Madrid la semana pasada». «Un mayor grado de consenso para que una actuación coordinada sea eso, coordinada», ha defendido el consejero, al tiempo que ha recordado que la ley establece que se requiere «el consenso» para tener «una orden comunicada y obligatoria».
«El consenso es que no haya ningún voto en contra. Había varios votos en contra», ha subrayado en referencia a las nuevas medidas aprobadas en la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por ello, ha abogado por «buscar un consenso y actuaciones coordinadas de verdad y no impuestas».
En su opinión, la ministra Darias «se ha comportado con una gran torpeza en lo jurídico, lo sanitario y lo político». Así, ha explicado que desde el Gobierno regional denuncian «una clara invasión en las competencias autonómicas de salud pública». «La competencia del Estado es la de coordinar y no imponer», ha indicado.
Suspendidas de forma cautelar las nuevas normas Covid en Madrid
La Audiencia Nacional ha aceptados las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno regional en el recurso presentado contra las nuevas medidas sanitarias aprobadas por el Ministerio de Sanidad, acordando su suspensión en el ámbito de la región hasta que se resuelva la impugnación.
Así consta en un auto en el que se acuerda suspender, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la ejecutividad de las medidas contenidas en la Orden Comunicada objeto de recurso interpuesto por el Gobierno regional.
En concreto se impugnaron los apartados relativos a las nuevas restricciones relacionadas con los locales de ocio nocturno y discotecas; las relativas a hostelería y restauración; y las que afectan a eventos y actividades mutitudinarias no ordinarias, contenidas en los apartados A), B) y C) del anexo de la Orden Comunicada objeto de recurso interpuesto por el Gobierno regional.
De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concede el plazo de tres días a la Administración General del Estado demandada, «a fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas».
