A partir del ejercicio fiscal de 2025, las personas que perciban prestaciones por desempleo en España estarán obligadas a presentar la declaración de la renta, independientemente de si alcanzan el límite de ingresos que hasta ahora determinaba esta obligación. Esta nueva medida, incluida en el Real Decreto-ley del 21 de mayo de 2024, representa un cambio significativo en la normativa tributaria y en el sistema de protección social.
El decreto, aprobado en mayo y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce diversas modificaciones al sistema de prestaciones por desempleo. Aunque inicialmente fue rechazado por Unidas Podemos, el texto final incluyó enmiendas de este partido, logrando finalmente el respaldo necesario para su aprobación. La medida también cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, aunque las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme no respaldaron el acuerdo.
Un cambio que amplía derechos y responsabilidades
El decreto incluye importantes mejoras en el sistema de desempleo. Entre otras novedades, se incrementa progresivamente la cuantía del subsidio, que pasará de los actuales 480 euros mensuales (el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o IPREM) a cantidades superiores en los próximos tramos. Además, amplía el número de beneficiarios y permite compatibilizar el subsidio o la prestación contributiva con un salario.
Sin embargo, también introduce nuevas obligaciones. Hasta ahora, las personas desempleadas no estaban obligadas a presentar la declaración de la renta si sus ingresos anuales no superaban los 22.000 euros o 15.000 euros en caso de tener dos o más pagadores. Con la nueva normativa, todos los perceptores de prestaciones por desempleo estarán obligados a presentar esta declaración, de manera similar a lo que ya ocurre con los autónomos.
Consecuencias por el incumplimiento
El incumplimiento de esta nueva obligación fiscal tendrá consecuencias severas. El decreto establece que los beneficiarios que no presenten la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los plazos y condiciones previstos podrán perder el derecho a la prestación por desempleo. Además, se enfrentarán a las sanciones administrativas que determine el Ministerio de Hacienda.
Perspectivas de implementación
La medida entrará en vigor el 1 de noviembre de 2024, por lo que los cambios se reflejarán por primera vez en la Campaña de la Renta de 2025. Desde el Gobierno, justifican esta medida como parte de una estrategia para mejorar la transparencia y garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos destinados a la protección social.
No obstante, críticos advierten que esta obligación podría suponer una carga adicional para los colectivos más vulnerables, quienes podrían necesitar asistencia adicional para cumplir con los nuevos requerimientos fiscales. Por ello, sindicatos y organizaciones sociales han solicitado al Gobierno que implemente programas de formación y asesoramiento para los beneficiarios.
Con esta reforma, España da un paso más hacia un modelo más integral de control fiscal, ampliando las obligaciones tributarias a sectores que tradicionalmente estaban exentos de ellas. El tiempo dirá si esta medida logra el equilibrio entre fortalecer la protección social y garantizar una mayor equidad fiscal.
