La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a una mujer que puso a su nombre los informes médicos correspondientes a otra persona para ser incluida en el colectivo de especial consideración por discapacidad y obtener así un puesto de interina como profesora de música.
Según han informado fuentes fiscales, se le imputa un delito de falsedad en documento oficial. La denuncia se formula a raíz de la participación de C. M. M. en un procedimiento para desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad y de profesores interinos habilitados por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para el desempeño de puestos bilingües, de cara el curso escolar 2020-2021.
Para optar a un puesto como profesora
Fue el pasado 23 de junio del pasado año cuando esta mujer solicitó su inclusión en el colectivo de especial consideración por discapacidad igual o superior al 33%, aportando certificado de reconocimiento de grado de discapacidad, notificación de resolución y Resolución del Grado de Discapacidad falsos.
Con los documentos aportados, la Dirección General de Recursos Humanos solicitó tres días más tarde a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad el correspondiente Informe Técnico de Acceso al Empleo Público de Personas con Discapacidad, adjuntando el referido escrito de C. M. M., así como el documento con las funciones del Profesorado.
Por Resolución de 7 de julio de 2020, la Dirección General de Recursos Humanos incluyó a la mujer en las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad y de profesores interinos habilitados por la Consejería de Educación para el desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2020-2021.
En concreto, su nombre aparecía en las listas de tipo 1, subtipo 1, de la especialidad de Música y la lista tipo 1, subtipo 3, de la especialidad de Orientación Educativa.
Los documentos correspondían a los de un hombre
Sin embargo, el pasado 18 de agosto se recibió respuesta de la Coordinación de Centros Base, en la que anunciaba que los documentos que había aportado la interesada había aportado correspondían a otra persona, «por lo que no es posible emitir el informe de adecuación dado que dicha persona no figura como persona con discapacidad».
En realidad, los documentos presentados se correspondían con los de un hombre y la fecha de emisión del certificado también resultó ser falsa «porque hacía referencia a un centro que estuvo cerrado por el estado de alarma en la fecha que se reseña».
