La nueva Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que espera ser aprobada este año, incorpora mejoras y novedades como la Tarjeta Social, el Plan individualizado de intervención y la Historia Social Única, entre otras.
La ley pretende mejorar la calidad y eficacia del actual texto, que data de 2003, y actualizar e incorporar las transformaciones sociales y legislativas que se han producido en estas dos décadas para dar respuesta a las nuevas realidades provocadas por la crisis económica o los efectos de la pandemia.
Lucha contra la vulnerabilidad y la exclusión social
«La nueva norma apuesta de manera decidida por luchar contra la vulnerabilidad y la exclusión social, por reducir las carencias de quienes no tienen hogar, por la integración de los inmigrantes y por la puesta en marcha de proyectos y medidas que acaben con cualquier posible discriminación, sea de la naturaleza que sea. En definitiva, poner a las personas en el centro de la atención social«, señala la consejera de Familia, Juventud y Política social, Concepción Dancausa.
El texto del anteproyecto acaba de terminar (3 de marzo) el periodo de consulta pública en el Portal de Transparencia, durante el cual asociaciones, entidades y particulares han podido aportar sus observaciones y alegaciones para mejorar la norma. El objetivo del Gobierno regional es elevarlo a su aprobación por el Consejo de Gobierno y enviarlo a la Asamblea de Madrid durante este primer semestre del año para su discusión y eventual aprobación por los grupos de la Cámara regional, en la que espera obtener un amplio consenso.
La Ley consta de un título preliminar y 8 títulos que suman 113 artículos. Pretende ordenar la prestación de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, el régimen del Sistema Público de Servicios Sociales y la actividad de centros y servicios de atención social.
Objetivos y novedades
Sus principales objetivos son reconocer derechos subjetivos en el ámbito de los servicios sociales, definir las bases de un nuevo catálogo de servicios sociales, que incluya las prestaciones económicas y de servicio garantizadas para todos los madrileños; impulsar la prestación de servicios de calidad; ordenar las fórmulas de financiación y colaboración con las entidades participantes en el Sistema Público, para dotarlo de estabilidad y excelencia; y apostar por la innovación y la digitalización, en aras a la mejora de la atención social y de la eficiencia del conjunto del sistema.
Algunas de las principales novedades del texto son la Tarjeta Social, por la cual todas las personas residentes tendrán derecho a esta tarjeta; que las identificará en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales. Será personal e intransferible y permitirá hacer un seguimiento automático de las prestaciones sociales.
No obstante, la carencia de Tarjeta Social no será obstáculo para prestar, a toda persona, atención social de emergencia. En estos supuestos, la atención incluirá el alta en Tarjeta Social. Será compatible con otros instrumentos análogos que se desarrollen con ámbito estatal. Asimismo, y en el ámbito de la atención a la dependencia y la discapacidad, se podrán integrar la Tarjeta Social y la tarjeta sanitaria.
Otro avance es el Plan individualizado de intervención social. Toda persona que requiera atención social dispondrá de un plan de intervención singularizado que permita el abordaje integral de la situación. El plan es un instrumento de intervención social que se elaborará con la participación de la persona o personas usuarias.
También habrá una Historia Social Única. Como en las historias clínicas, será un registro único y exhaustivo de todos los datos del usuario: personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos, etc., así como el repositorio que contendrá el diagnóstico, el plan individualizado de intervención social, las acciones realizadas, su seguimiento y su evolución. Tendrá un soporte digital que permitirá asegurar la interoperabilidad entre los servicios.
