El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado parcialmente las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital, al considerar que existe una «patente insuficiencia del informe de impacto económico» en las medidas adoptadas en la ordenanza municipal. Esta resolución afecta a partes clave de la Ordenanza 10/2021, que modifica la normativa de movilidad sostenible en la ciudad. En particular, se anulan los preceptos que delimitan el ámbito de las ZBE en todo el municipio y las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Sin embargo, el resto de la ordenanza sigue vigente.
La sentencia y sus implicaciones
La sentencia, emitida en respuesta a un recurso del Grupo Municipal de Vox, aún no es firme. Esto significa que la anulación no tiene efecto inmediato, y el Ayuntamiento de Madrid puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, algo que está evaluando en estos momentos. El plazo para presentar este recurso finaliza el 23 de octubre de 2024.
Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha asegurado que, mientras la sentencia no sea firme, las ZBE siguen vigentes y las sanciones impuestas no serán anuladas. Según Carabante, la anulación se debe a un defecto formal en la valoración del impacto económico de la medida, no a una oposición al principio de las zonas de bajas emisiones.
El informe de impacto económico y la justificación del TSJM
El TSJM no cuestiona la necesidad de adoptar medidas para reducir la contaminación atmosférica en línea con las normativas europeas y nacionales, pero sí ha considerado insuficiente el informe de impacto económico que se presentó antes de aprobar la ordenanza. Según la sentencia, no se ponderaron adecuadamente las consecuencias económicas de la medida, especialmente en lo que respecta a los colectivos más vulnerables. Además, los magistrados señalan que debería haberse evaluado si era posible aplicar alternativas menos restrictivas.
Posibles escenarios futuros
El Ayuntamiento de Madrid defiende la política de movilidad sostenible y las ZBE bajo la estrategia Madrid 360, afirmando que ha cumplido con los objetivos europeos de sostenibilidad ambiental. No obstante, el futuro de estas zonas dependerá del resultado del recurso que se presente ante el Tribunal Supremo. Si se desestima el recurso, el Ayuntamiento podría tener que modificar sustancialmente la ordenanza.
Mientras tanto, las restricciones de tráfico y las multas en las ZBE siguen en vigor, y el acceso de vehículos no autorizados continúa prohibido.
