El Gobierno afronta una semana clave para aprobar el nuevo decreto de vivienda, un paquete de medidas que pretende introducir cambios en el mercado del alquiler y facilitar el acceso a una vivienda asequible. El Consejo de Ministros de este martes 29 de septiembre es la fecha que el Ejecutivo se ha marcado para abordar el texto, cuya aprobación lleva meses pendiente por las diferencias entre los grupos parlamentarios.
La propuesta, pactada entre PSOE y Sumar, incluye medidas que afectan tanto a inquilinos como a propietarios: desde la prórroga de los contratos de arrendamiento hasta 2028 y la regulación de los alquileres de temporada hasta incentivos fiscales, cambios en el tratamiento de los pisos turísticos y actuaciones para movilizar vivienda.
El contenido definitivo todavía está sujeto a las negociaciones políticas. Junts y Podemos mantienen discrepancias sobre cuestiones como los límites de precios, las bonificaciones a propietarios y la reforma de la Ley del Suelo, mientras que las medidas relacionadas con los desahucios constituyen otro de los puntos pendientes.
La negociación coincide con la acampada que el Sindicato de Inquilinas mantiene en la Puerta del Sol desde el sábado, donde reclama la aprobación del denominado ‘decreto Maricarmen’ y medidas de protección para los inquilinos.
Prórroga de los alquileres hasta 2028: qué plantea el decreto
Una de las principales medidas del paquete es la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, una iniciativa destinada a ampliar la estabilidad de los arrendamientos y dar continuidad a los contratos vigentes.
La propuesta busca evitar que los inquilinos tengan que afrontar la finalización de sus contratos en un contexto de tensión del mercado residencial y posibles incrementos de las rentas.
No obstante, las condiciones concretas de aplicación de esta prórroga continúan formando parte de las negociaciones. El PNV, por ejemplo, ha planteado que la extensión de los contratos se limite a los arrendatarios que estén al corriente de pago.
Esta cuestión se suma al debate sobre el alcance de las medidas de protección de los inquilinos y las condiciones que deben cumplir los propietarios para acogerse a los distintos mecanismos previstos.
La duración de los contratos es uno de los principales puntos de discrepancia entre las formaciones políticas, especialmente entre quienes reclaman ampliar las garantías de los arrendatarios y quienes consideran necesario incorporar condiciones para los propietarios.
Alquileres de temporada y habitaciones: nuevas reglas para los contratos
El decreto también contempla regular los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades de arrendamiento que han adquirido protagonismo en el debate sobre el acceso a la vivienda.
La propuesta pretende establecer condiciones para estos contratos y evitar que se utilicen para eludir las normas que se aplican a los alquileres de vivienda habitual.
La regulación de estas modalidades forma parte del acuerdo entre PSOE y Sumar y cuenta con el respaldo de las formaciones que reclaman reforzar la protección de los inquilinos.
El objetivo es establecer un marco que permita diferenciar los arrendamientos temporales de los habituales y determinar qué garantías corresponden a cada modalidad.
Sin embargo, el alcance definitivo de la regulación y las condiciones que deberán cumplir propietarios e inquilinos todavía dependen del texto que finalmente se apruebe.
La regulación de los alquileres de temporada y habitaciones es también una de las cuestiones que se encuentran sobre la mesa en las negociaciones con el PNV, que ha reclamado que se respeten las competencias autonómicas en materia de vivienda.
Pisos turísticos: el decreto plantea elevar el IVA al 21%
Otra de las medidas incluidas en la propuesta es elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos, una modificación fiscal que afectaría a la tributación de esta actividad.
La iniciativa se enmarca en las actuaciones que el Gobierno plantea para intervenir sobre distintos usos de la vivienda y favorecer que parte de la oferta residencial pueda destinarse al alquiler habitual.
La fiscalidad de los pisos turísticos forma parte de un paquete más amplio que incluye la regulación de los arrendamientos de temporada y habitaciones y otras medidas dirigidas a aumentar la disponibilidad de vivienda asequible.
Bonificaciones fiscales a los propietarios: qué propone el Gobierno
El paquete de vivienda incluye también incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan las rentas del alquiler.
La propuesta busca incorporar medidas dirigidas a los arrendadores que mantengan o rebajen los precios de los contratos, una cuestión que ha adquirido relevancia en las conversaciones con Junts.
La formación catalana reclama ampliar las ventajas fiscales para los propietarios y plantea, entre otras iniciativas, permitir desgravar gastos relacionados con el alquiler o parte de la cuota hipotecaria de los pequeños propietarios.
El PSOE ha abierto la puerta a estudiar algunas de estas propuestas y, según las informaciones trasladadas durante las negociaciones, se han registrado avances en las conversaciones.
Sin embargo, Junts todavía no ha garantizado su apoyo al decreto.
La fiscalidad de los arrendamientos constituye uno de los principales puntos de desacuerdo con Podemos, que rechaza las bonificaciones a los propietarios y reclama que las medidas se centren en reducir los precios y reforzar las garantías de los inquilinos.
Vivienda asequible y reforma de la Ley del Suelo
El decreto contempla actuaciones para movilizar vivienda hacia el alquiler asequible y aumentar la oferta residencial, una de las cuestiones que genera diferencias entre los grupos parlamentarios.
Entre las medidas planteadas figura la reforma de la Ley del Suelo, que el Gobierno vincula con la necesidad de facilitar el desarrollo de nuevas viviendas.
Junts defiende que la política de vivienda debe centrarse en incrementar la oferta y facilitar la construcción, mientras que el PP también reclama medidas para poner más suelo a disposición del mercado residencial.
La Confederación Nacional de la Construcción ha defendido la reforma de la legislación urbanística como una herramienta para aumentar la oferta.
Podemos, por su parte, exige retirar esta modificación del decreto al considerar que puede reducir los controles urbanísticos.
ERC ha situado el foco en las viviendas vacías y reclama disponer de información sobre la titularidad de estos inmuebles, mientras que el PNV pide que las medidas respeten las competencias autonómicas.
La propuesta del Ejecutivo reúne así distintas actuaciones relacionadas con la construcción de vivienda, la movilización de inmuebles vacíos y el desarrollo de un parque residencial asequible.
Desahucios: el punto que sigue pendiente de negociación
La protección frente a los desahucios constituye otro de los capítulos que el Gobierno pretende abordar mediante el nuevo paquete de vivienda.
El texto contempla negociar medidas para reforzar la protección de las familias vulnerables y establecer mecanismos que permitan abordar situaciones en las que los afectados no dispongan de una alternativa habitacional.
El alcance de estas garantías es uno de los aspectos en los que persisten diferencias entre los grupos parlamentarios.
Sumar reclama medidas más amplias para evitar desahucios sin alternativa habitacional y ha planteado incluso la expropiación de la vivienda de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid la semana pasada.
El PSOE no comparte esta última propuesta. El ministro Félix Bolaños ha cuestionado su encaje constitucional, mientras que el ministro Pablo Bustinduy ha defendido que Sumar seguirá trabajando para incorporarla.
Por su parte, Podemos reclama reforzar las medidas de protección de los inquilinos y evitar que personas en situación de vulnerabilidad pierdan su vivienda sin una alternativa.
Las diferencias afectan a las condiciones para aplicar estas garantías, su alcance y los mecanismos jurídicos que podrían utilizarse.
Qué partidos apoyan el decreto y qué falta para aprobarlo
El Consejo de Ministros puede aprobar un real decreto ley, pero su continuidad requiere la convalidación del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días.
Por ello, el Gobierno busca cerrar un acuerdo parlamentario antes de llevar el texto al Consejo de Ministros, con el objetivo de evitar una nueva derrota en la Cámara Baja.
Las principales negociaciones se mantienen con Junts y Podemos, cuyas propuestas presentan diferencias en materia de fiscalidad, intervención de los precios y regulación del suelo.
Sumar defiende el contenido principal del paquete pactado con el PSOE y reclama ampliar las medidas de protección de los inquilinos. El PNV y ERC han planteado modificaciones relacionadas con los contratos, las competencias autonómicas y las viviendas vacías.
El PP, por su parte, defiende incrementar la oferta residencial y facilitar suelo para construir, y cuestiona el enfoque intervencionista del Ejecutivo.
El Gobierno considera que las conversaciones han avanzado durante los últimos días y ve posibilidades de aprobar el decreto este martes 29 de septiembre. No obstante, las negociaciones siguen abiertas y no existe todavía una garantía definitiva de que el texto consiga los apoyos necesarios.
El Consejo de Ministros será el siguiente paso para conocer qué medidas se incorporan finalmente al decreto y cuáles quedan pendientes de negociación. Su contenido definitivo determinará el alcance de los cambios previstos en los contratos de alquiler, la fiscalidad de los arrendamientos, la oferta de vivienda asequible y la protección frente a los desahucios.
