Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a la Comunidad de Madrid como la región española con menor inversión económica en Políticas Sociales por habitante en 2023, con un importe de 2.464 euros, con un total de 16.876,40 millones de euros.
Según el informe ‘La inversión social por comunidades’, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y publicado este jueves, en España se invierten 3.124 euros por habitante al año en políticas sociales, con un total de 150.000 millones de euros, lo que supone 660 euros más por habitante que en Madrid.
En la comparación entre 2009 y 2023 se establece que el gasto social –que incluye sanidad, educación y servicios sociales— ha crecido un 19,52% en valores absolutos al pasar de 14.119,91 millones a 16.876,40 millones, si bien esta cantidad supone una caída de 10,43 puntos sobre el peso del presupuesto global (de representar el 70,4% al 59,97%).
En cuanto al gasto por habitante en los últimos 14 años, ha crecido casi un 10,42%, al pasar de los 2.231,48 euros por habitante de 2009 a los 2.464,08 de 2023 (+232,60 euros).
En el conjunto de España, los presupuestos de las comunidades aumentaron en 15.469,3 millones de euros, de los cuales «solo el 12,58% (1.946,6 millones de euros) se destinaron a políticas sociales», según el informe.
Así, el análisis refleja que el porcentaje que destinan las Comunidades Autónomas a políticas sociales ha pasado del 67,4% en 2010 al 58,4% en 2023, lo que supone un descenso de nueve puntos en los últimos 13 años.
Gasto por comunidades
Si bien se observan diferencias por comunidades, ya que, mientras que Navarra (4.161), País Vasco (4.079) y Extremadura (3.960) son las que más invierten, Madrid (2.464), Cataluña (2.942) y Murcia (3.008), son las que menor inversión hacen en políticas sociales.
En concreto, las dos comunidades forales, País Vasco y Navarra, lideran el mapa de gasto por habitante en políticas sociales en 2023, superando los 4.000 euros. Y de las comunidades de régimen común, destacan Extremadura, Asturias y Cantabria.
Después de esas se encuentran Castilla y León (3.504 euros); La Rioja (3.422 euros); Galicia (3.297 euros); Aragón (3.251 euros); Castilla-La Mancha (3.248 euros); Comunidad Valenciana (3.239 euros); Baleares (3.196 euros); Canarias (3.050 euros); Andalucía (3.035 euros); Murcia (3.008 euros); Cataluña (3.942 euros) y Madrid (2.464 euros).
Asimismo, el informe destaca que la Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares y Extremadura han incrementado en más de 1.000 euros por habitante su inversión en políticas sociales desde el año 2009.
Uno de cada diez euros
Así, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que, año tras año, las CCAA destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales. Si en el año 2010 eran 2 de cada 3 euros destinados a estas políticas, en el año 2023 se ha reducido en nueve puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales, fijándose en uno de cada diez euros.
De acuerdo con el informe, los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010, y que fueron «especialmente drásticos en 2013» condujeron a que, en ese año 2013, se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con menos de 100.000 millones de euros.
Desde el año 2014 y hasta el año 2020, se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas. En los años siguientes, fruto de la gestión de la pandemia, ha ido aumentando en gran medida el gasto social hasta los 149.636 millones de euros del presupuesto liquidado del año 2022.
Sin embargo, los autores del estudio señalan que el porcentaje del presupuesto que se dedica a políticas sociales tiene una tendencia a la baja desde el año 2010, donde el porcentaje del presupuesto dedicado a políticas sociales fue de 67,4%, frente al 58,4% actual.
«Si se hubiera destinado el mismo porcentaje que en 2010, se hubieran invertido cerca de 23.000 millones de euros más en 2023», explican.
Crisis por la Covid-19
Tal y como precisan, aunque la crisis sanitaria y social provocada por la Covid-19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las CC.AA. «solo ha sido el 9,1% entre 2020 y 2023 (0,2% en sanidad, 16,8% en educación y 33,5% en servicios sociales), mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 55,7% en ese mismo periodo (seis veces más)».
«Ello evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las Comunidades Autónomas. Han tenido que pasar 14 años y una pandemia para recuperar el gasto social. Pero su peso en los presupuestos autonómicos es cada vez menor», advierten.
También destacan que el mayor aumento en el gasto autonómico ha sido en el pago de la deuda, multiplicándose casi por cinco su coste total y aumentando en 704,9 euros por habitante, «limitando así la capacidad de las Comunidades para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales, que aumentaron solo un 23,2%, 589 euros».
«Para valorar lo que supone el coste de la deuda y su impacto sobre el gasto social, basta decir que en el año 2009 el coste de la deuda por habitante fue sólo de 149,4 euros, mientras que a Servicios Sociales se destinaron 257,9 euros, es decir, 108,5 euros más; sin embargo, en 2023 el coste de la deuda fue de 854,3 euros por habitante, mientras que a Servicios Sociales se destinaron 407,2 euros, es decir, menos de la mitad», avisan.
