Desde este pasado domingo 1 de enero de 2023, todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los que tengan una población superior a 20.000 personas y superen los valores límite de contaminantes regulados tendrán que aplicar zonas de bajas emisiones (ZBE) en sus territorios.
Alrededor de 150 municipios españoles, en los que en total viven unas 25 millones de personas y alrededor del 53% de la población nacional (según cálculos de distintas organizaciones), son los que deberán implementar ZBE, lo cual implica medidas como restringir el acceso a determinados vehículos a esas zonas, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos, entre otras cuestiones.
En la Comunidad de Madrid, los municipios afectados por esta norma son Arganda del Rey, Aranjuez, Collado Villalba, Valdemoro, Majadahonda, Rivas, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Coslada, Alcobendas, Parla, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Móstoles, Pinto, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo y Madrid.
Las ZBE afectarán a casi cuatro millones de vehículos
Las estimaciones de diferentes organizaciones del sector del automóvil apuntan que la implantación de estas medidas afectará a casi cuatro millones de vehículos sin etiqueta medioambiental de los 11,5 millones de coches que circulan en las ciudades españolas en obligación de tener una ZBE en 2023.
Sin embargo, si bien los municipios afectados tienen que delimitar esas zonas, en la gran mayoría de los ayuntamientos la regulación local que dictaminará el funcionamiento específico de las mismas todavía no está definido, lo que supone que en la práctica no habrá un cambio drástico para los conductores de un día para otro.
De hecho, la semana pasada la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval) advirtió de que solo alrededor de 20 de los ayuntamientos obligados (en torno al 13%) han «iniciado la presentación de sus medidas», por lo que han urgido a los consistorios a que publiquen las normativas lo antes posible.
También apremió a la Dirección General de Tráfico para que se ponga en marcha «lo antes posible» la plataforma en la que está trabajando y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales de las zonas de bajas emisiones.
Esta plataforma de la DGT debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS por parte de los conductores puedan advertir de las restricciones vigentes.
