El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón retrasará las obras de la nueva zona de recreo que también servirá para acoger las fiestas patronales si la Justicia admite a trámite el recurso presentado por una asociación de vecinos para judicializar este proyecto y paralizarlo cautelarmente. Esa parcela municipal junto a la carretera de Aravaca (M-508) es un descampado donde el Ayuntamiento estaba a punto de adjudicar las obras del proyecto que presentó el estudio del arquitecto pozuelero Martín Caballero, ganador del concurso de ideas convocado por el consistorio en 2024.
El proceso actual prevé que las obras estén en septiembre lo bastante adelantadas para albergar en un terreno mejor acondicionado la carpa de conciertos y el recinto provisional, como en los últimos años, tras sacar las fiestas del centro de la ciudad, donde causaban muchas más molestias y problemas de seguridad.
Para evitar que ese hipotético bloqueo judicial promovido por esta asociación se produzca con las obras ya iniciadas, lo cual impediría la celebración de las fiestas de septiembre, el Ayuntamiento esperará a que el juzgado se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso para garantizarse que, como mínimo, las próximas fiestas se puedan organizar en el mismo sitio y en las mismas condiciones que el año pasado. El Gobierno local aclara que “no va renunciar a este proyecto y menos por presiones de unos pocos que solo pretenden perjudicar al resto de vecinos privándoles del mejor sitio posible para organizar las fiestas más populares y de un espacio para pasear o hacer deporte durante el resto del año”.
Todos los informes favorables desde 2017
El Ayuntamiento insiste en que el proyecto de urbanización cumple todos los requisitos legales, también desde el punto de vista medioambiental, toda vez que el plan parcial de ese desarrollo ya contaba con informes favorables de la Comunidad de Madrid, que es la administración competente, y por tanto el proyecto de urbanización no precisa de una nueva evaluación, según reiteró la administración autonómica el pasado mes de octubre.
Es más, distintos informes de la Consejería de Medio Ambiente a petición del propio Ayuntamiento dejan claro ya desde 2017 que dicha parcela “no es un terreno forestal”, que el plan parcial en el que se enmarca este proyecto “no implica riesgos para la salud humana ni tampoco tiene efectos significativos sobre el medio ambiente” y que “toda la superficie del ámbito no está incluida en espacios Red Natura 2000, ni montes preservados u otros cualesquiera bajo protección legal”. Y, como reitera la misma consejería, “en caso de que el proyecto no produzca afecciones significativas a dichos espacios, no resultará necesaria la tramitación de ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.
El Gobierno local intenta así evitar otro bloqueo judicial como el que Ecologistas en Acción ha provocado en Montegancedo con una denuncia similar que mantiene paralizadas de forma cautelar hasta 300 viviendas asequibles para familias numerosas y 40 hectáreas de monte privado que pasarían a ser municipales para uso y disfrute de todos los vecinos.
