Los jóvenes se enfrentan a un futuro laboral incierto por la COVID-19: empleos precarios, salarios bajos, menos horas de trabajo, más expedientes temporales y despidos definitivos.
Estas actuaciones supondrán una inversión de más de 65 millones de euros, que servirá para la construcción de 4 nuevos centros y la ampliación de otros 17.