Cerca de 250 agentes de la Policía Nacional han desalojado a primera hora de este viernes a 300 okupas, entre ellos unos 180 menores, de un bloque de viviendas de Alcobendas, han informado fuentes policiales.
En el operativo han participado agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de Extranjería, de la Policía Local de Alcobendas y el equipo de vigilancia aérea, que ha contado con drones y un helicóptero. Además, ha intervenido servicios sociales y Protección Civil, entre otros.
Durante el desalojo se han vivido momentos de tensión. El bloque de 64 viviendas, 61 de ellas okupadas, se ubica en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero de este municipio madrileño. La mayoría de las familias residían en las viviendas desde hace casi 10 años. Desde el lunes 29 por la tarde a todas se les notificó del desahucio en persona, para que retiraran los enseres, o por una orden judicial debajo de la puerta si no se encontraban en el domicilio.
Los agentes de la Policía Nacional se han personado alrededor de las 6.30 horas de esta mañana y han ido llamando a las casas para que los okupas desalojaran el inmueble.
Dos personas detenidas
La Policía Nacional ha detenido a dos personas por reclamaciones judiciales graves durante el macrodesalojo del edificio en Alcobendas.
El primero es un hombre español de 47 años con una reclamación judicial para detención e ingreso en prisión, y otra de detención por quebrantamiento de condena y orden de alejamiento por malos tratos. El segundo es una mujer española de 55 años con una reclamación para detención e ingreso en prisión por tráfico de drogas.
El desalojo ha comenzado sobre las 6:00 horas de este viernes y ha terminado a las 11:15. Ha sido pacífico, pero se han registrado muchos momentos de tensión, ya que muchas personas han lamentado y gritado por su situación.
El Ayuntamiento atiende a 24 familias
El Ayuntamiento de Alcobendas, a través del departamento de Servicios Sociales, ha desplegado un dispositivo de atención desde el pasado lunes para todas las familias afectadas por el desalojo ejecutado esta mañana, ha informado hoy el Consistorio en una nota de prensa.
Asimismo, han atendido a todas las personas que han acudido a Servicios Sociales y también se han desplazado trabajadores de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid hasta dicho inmueble para ofrecer a las familias todos los recursos disponibles en este tipo de situaciones.
Hasta el momento Servicios Sociales ha atendido a 24 familias, a las que se les ha ofrecido las ayudas de emergencia social que tiene el Ayuntamiento a disposición de todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Estas ayudas prevén una ayuda individualizada y acorde a su situación sociofamiliar. De modo que no existe una respuesta única para situaciones diferentes, apuntan desde el Consistorio. También se tiene en cuenta la información de la que ya disponía el departamento de Servicios Sociales de las familias empadronadas en dicho inmueble y con las que ya se había realizado algún tipo de intervención.
Declaraciones de los desalojados y vecinos de la zona
Algunas de las personas desalojadas se han concentrado a las puertas del edificio. Entre ellas, Paula Agustín que, en declaraciones, ha explicado que entre las 60 familias desalojadas hay muchos niños, personas minusválidas y otras con problemas de respiración como ella. «Ahora yo tengo que buscar un sitio para enchufar los aerosoles», se queja.
Paula reconoce que aunque la mayoría de los okupas son tranquilos y formales, algunos «han venido de fuera a traer problemas«. «Son gente que no conocíamos que nos han traído desgracias. Nos han tachado de narcotraficantes y nos han acusado de tener plantaciones. Pero en todos los pisos se cuecen habas. En todos los sitios se venden droga, pero van siempre a los que menos tenemos. Pero dónde nos vamos ahora. Nos echan como perros. Tampoco nos merecemos esto. ¿Me voy debajo de un puente a vivir? No me han dejado sacar absolutamente nada», lamenta.
La joven ha indicado también que el edificio pertenece a una persona que se fue a Brasil y a otra que «desapareció». «Entonces fueron metiéndose la gente. A mí mi casa la vendió una pareja diciendo que era un piso legal. Nos cobraron 200 euros por las llaves«, ha apuntado.
Por otro lado, el vecino de un edificio colindante ha detallado que el inmueble okupado ha tenido cortes de luz por impago, pero «luego se volvieron a reenganchar». «Ellos cuentan que tienen que vivir de las ayudas, algunos otros trabajan. Hay multitud de tipo de gente que vive aquí. Yo nunca tuve problemas con ellos. Pero sí ha habido algún problema de insalubridad», ha señalado.
