Ley Celaá aprobación

La Comunidad podría recurrir ante los tribunales la ‘Ley Celaá’

| 20/11/2020 08:00 | Actualizado: 26/11/2020 13:35

El Pleno del Congreso aprobó ayer el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como ‘Ley Celaá’, con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.

Entre otros cambios, el texto incluye el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta «suficiente» de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

La Comunidad se plantea recurrir la ley

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, manifestó este jueves que el Gobierno regional puede tomar «tres vías» frente a la ley Celaá. Entre ellas se incluye «recurrir a los tribunales», tanto al Constitucional como al Contencioso Administrativo.

Ossorio recordó que el Gobierno regional tiene «amplias competencias de gestión» en materia de educación. «Y nosotros aplicaremos la ley, por supuesto, con respeto a la misma, pero somos nosotros los que la vamos a aplicar en Madrid, afortunadamente para los madrileños», ha afirmado.

Además, el consejero señaló que el Ejecutivo autonómico puede «legislar sobre ello». Y, en este sentido, ha recordado la intención de la Comunidad de Madrid, como ya ha anunciado su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, «de hacer una ley que garantice la libertad de elección y también la educación especial en la Comunidad de Madrid».

La libertad de elección

Según el Enrique Ossorio, «si los padres tienen la obligación de educar a sus hijos, también tienen el derecho de elegir el tipo de educación y el centro donde van los hijos, así que no hay que poner trabas». «No sé por qué hay que decir que seamos nosotros, las administraciones, los que digamos donde tienen que ir los hijos, es algo contrario la Constitución, el derecho internacional, es uno de los sinsentidos de esta ley», apuntó.

«Si la Comunidad de Madrid considera que es bueno construir un centro concertado porque se lo demandan las familias, y un ayuntamiento considera que es bueno ceder ese terreno porque sus habitantes de ese municipio quieren ese centro, por qué hay que prohibirlo«, cuestionó Ossorio, quien confiese que «es un sectarismo realmente alucinante».