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Fondo de 800 millones

Madrid y Barcelona recibirán el 49% del Fondo de 800 millones para ayudar al transporte público

El Gobierno ha aprobado un fondo de 800 millones de euros para ayudar a los autobuses y metros de transporte público urbano e interurbano dependientes de las comunidades autónomas a atajar la crisis que afrontan por la caída de ingresos derivada de las restricciones de movilidad decretadas para combatir la pandemia.

Estos recursos forman parte del fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno aprobó repartir entre las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de este martes. Así, también se transferirá a los gobiernos regionales.

Los consorcios de transporte de Madrid y del área metropolitana de Barcelona serán los principales beneficiarios del Fondo de 800 millones, dado que se repartirán el 49% del total, esto es unos 392 millones de euros.

Después se sitúan los autobuses de línea interurbanos, esto es, los que conectan distintas ciudades por contratos de concesión, que recibirán el 34% de los recursos del fondo, unos 272 millones.

El resto de sistemas de metro, bus y tranvía de competencia autonómica se repartirán otro 13% del fondo, unos 104 millones de euros, mientras que el 4% restante, 32 millones, se dirigirán a las líneas de autobús interurbano de Canarias.

El Ministerio de Transportes explicó que el reparto del fondo se ha realizado a partir de «criterios transparentes, homogéneos y objetivos, teniendo en cuenta el impacto presupuestario sufrido por las comunidades en sus distintos transportes».

Asimismo, detalló que su reparto requerirá que las comunidades presenten certificados de sus ingresos por tarifas o de su oferta de transporte, según la tipología del servicio en concreto, que servirán de base para calcular el importe concreto a recibir.

Su objetivo es que los metros, tranvías y autobuses que conforman el transporte público urbano y metropolitano «no solo no salgan perjudicados, sino reforzados de esta crisis». Durante la pandemia, los ingresos han decaído por el confinamiento y la limitación de aforo en el transporte público.

Asimismo, persigue garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de transporte, «esencial para los ciudadanos», «aliviar las tensiones de liquidez de los operadores y asegurar la viabilidad de un tejido empresarial relacionado con este servicio».

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